Gustavo Petro, es el peor
presidente, que Colombia ha tenido, en sus 214 años de vida democrática.
En casi todos los temas
que, tienen que ver con la vida jurídica de la nación, el presidente Gustavo
Petro, ha mostrado total ignorancia de las leyes; de las cortes y; de todo
aquello que, tiene que ver con la vida democrática del país.
Casi todas las leyes que
produce; los decretos que expide y; los nombramientos que hace, se le caen en
las cortes y; lo peor es que, el no entiende lo que está pasando y cree que, es
un golpe de estado que, le están dando y; que no lo quieren dejar gobernar y
que, por esa razón, está pidiéndole a los pocos ciudadanos que lo eligieron,
que salgan a las calles, a protestar para, patrocinar sus atrocidades.
Recordemos que un viejo dicho
anuncia:
Los hijos de las tinieblas son más
sagaces que los hijos de la luz.
Eso, además de ser grave para la gobernabilidad; la estabilidad institucional; el avance en la concreción de los programas; los proyectos sociales; las inversiones; la ejecución presupuestal y; la confianza institucional; estos males son los que están acabando con Colombia, lenta, pero seguramente.
Esto es un síndrome inequívoco de que
el gobierno está compuesto por dos tipos de funcionarios:
Unos que son ignorantes, y otros que
no lo son, pero su falta de carácter los convierte en cómplices del abuso y la
ignorancia del presidente, con el orden legal y constitucional que juraron
defender.
La verdad es que esos funcionarios no
se atreven a alzar la mano para decirle al presidente qué no puede hacer: Lo
uno o lo otro y prefieren que sean las cortes las que después se encarguen de
frenar sus acciones:
La complicidad del aferrado al poder,
a quien no le gusta controvertir, con su rabioso y poderoso jefe”.
Nuestro dictadorzuelo, fuera de no
saber manejar la constitución y las leyes, hace lo que le viene en gana y
cuando las altas cortes le anulan sus actos, nuestro personaje prende su
locomotora institucional para que, puedan sus vagones de desinformación,
tergiversación, y falacia, confundiendo la tierra con la pomada, para
describirse como un perseguido judicial, en cuya persecución están involucrados
todos sus ministros y colaboradores, que para mí, son una mano de ineptos, muy
parecidos al que los ha nombrado.
Nuestro gobernante, no se identifica
con las funciones de las altas cortes que, fueron concebidas, para corregir los
errores de los que están gobernando.
Petro no ha entendido y, no lo va a
entender- que la mitad más un par, de voticos más, lo eligieron presidente y no
un dictador, y que esa otra mitad creciente de Colombia, que al principio fue
la mitad menos, unos poquitos votos, adquirimos el compromiso de reconocer la
derrota, soportarlo como presidente, pero jamás, el de tenerlo que aguantar
como emperador.
Mal hace ahora el presidente Petro,
trinando como un loco, esta vez, en contra del Consejo de Estado, e inventando
cuentos sin asidero jurídico.
Presidente, no mienta, no invente.
“La Sala de Consulta del Consejo de
Estado no emitió una consulta sino que, profirió una decisión vinculante y de
obligatorio cumplimiento en ejercicio de una función diferente, atribuida por
la ley que es la de resolver los conflictos de competencia positivos, entre
autoridades administrativas; no tocó su fuero presidencial integral (que es
integral respecto de lo penal, fiscal y disciplinario), ante la Comisión de
Acusaciones de la Cámara; y no es una persecución; ni una arremetida judicial;
ni la antesala a un golpe de Estado”.
Lo que todos creemos en Colombia, es
que:
Petro no tiene fuero total, lo que tiene es un
desastre total.
Traigamos a la memoria algunas
circunstancias que dicen mucho, acerca de los preparativos de Petro, para montar
sus propias milicias, como lo ha hecho Maduro en Venezuela:
Recordemos que les está pagando un
sueldo, a los de la primera línea y a otros vagos del estado, para que sean sus
amigos, en las manifestaciones públicas, para descomponer el país.
El presidente Gustavo Petro ha
desatado una controversia con el Consejo de Estado, al cuestionar su reciente
decisión que, ratifica la competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE),
para investigar posibles irregularidades en el financiamiento de su campaña
presidencial.
Petro ha descalificado la decisión
del Consejo de Estado, argumentando que, esta no tiene efectos reales y
acusando al CNE de estar preparando el terreno para su suspensión.
Además, el presidente ha sostenido
que la decisión está influenciada, por el exprocurador Alejandro Ordoñez, quien
lo sancionó en el pasado.
Petro insiste en que la investigación
iniciada por el CNE, fue fuera de su competencia, ya que se comenzó 30 días
después de la elección.
El presidente del Consejo de Estado,
Milton Chaves, se mostró sorprendido por las críticas de Petro.
En declaraciones públicas, Chaves defendió la
validez de la decisión del Consejo de Estado, subrayando que esta es vinculante
y que la investigación administrativa corresponde al CNE.
En caso de que se determine la
pérdida del cargo, la decisión final corresponde al Congreso, de acuerdo con la
Constitución.
Muy inesperado que el presidente de
la República, se refiera en esos términos a las decisiones que toma la Justicia
en general”, indicó Chaves en una entrevista con Noticias Caracol.
En medio de la disputa, la Fiscal
General de la Nación, Luz Adriana Camargo, ha ofrecido mediar para mejorar la
relación entre el Gobierno y las altas cortes.
Camargo busca facilitar la resolución
de la tensión y garantizar el funcionamiento adecuado de las instituciones
judiciales.
“Considero que la situación de las
altas cortes, es muy clara.
Allí toman las decisiones que deben
tomar y entiendo que la Presidencia de la República, hace los
pronunciamientos que estima adecuados.
Si la Fiscalía puede servir de puente
para que esa relación fluya servirá de esa forma”, afirmó la fiscal.
Por desgracia para nuestro pueblo colombiano,
las frustraciones que afronta el ejecutivo, perjudican, sobre todo, al común de
los ciudadanos que, contario a encontrar soluciones a nuestros problemas
cotidianos, va incrementando el costo de vida; es testigo a diario de
enfrentamientos hostiles entre sectores políticos y; además, padece de la falta
de expectativa, frente a un gobierno que es culpable de su propio fracaso y
autor de un autogolpe de Estado.
El
miedo que ha rodeado al gobierno parte de la imposibilidad de defender la
financiación de la campaña “Petro presidente, 2022-2026″ y, de un manejo torpe de las finanzas
públicas.
Ha trascendido que la campaña superó
por mucho los límites, en principio se habla de más de 5.300 millones de pesos,
no obstante, se discute que, existe otra serie de gastos e irregularidades
tampoco reportados que, exceden la cifra mencionada.
Por su parte, la estrategia comunicativa gubernamental, ha buscado por todos los medios posibles ocultar la realidad financiera de la campaña presidencial y enfrentar más bien desde lo jurídico y lo político, al Consejo Nacional Electoral.
La
estrategia se ha diseñado a partir de confundir al espectador promedio diciéndole
que el CNE “quiere destituir al presidente”; “que los derechos políticos no
pueden ser limitados por una autoridad administrativa”; “que quieren a través
de un concepto de la sala de consulta y servicio civil que no es vinculante,
sancionar al presidente”; “que a través de la decisión del Consejo de Estado se
ha despojado al presidente de su fuero constitucional integral”.
Las
premisas anteriores solo distraen la realidad jurídica del tema.
Debe reiterarse que la única autoridad
legitimada para investigar y enjuiciar al presidente por causas
constitucionales; disciplinarias y; penales en su orden son, la comisión de
acusaciones de la Cámara de Representantes; el Senado de la República y; al tratarse
de asuntos de implicación penal; la Corte Suprema de Justicia.
Lo anterior no obsta para que, conforme lo
dispuso la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el CNE
pueda definir si existió responsabilidad administrativa de la campaña, el
candidato y el gerente por la anunciada violación a los topes.
Es importante aclarar que, cuando la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, dirime un conflicto de competencias administrativas; no se trata de establecer una competencia jurisdiccional; ni ejerce como órgano consultivo; sino que su decisión es estrictamente vinculante a las partes.
Por el otro lado, el proyecto de presupuesto
para 2025, incluía, entre otros, 28.6 billones de mayor recaudo por “gestión”
de la DIAN que, según la proyección de los expertos, podría oscilar entre unos
máximos de 7 u 8 billones de pesos.
Lo expuesto deja un panorama incierto sobre los
20 billones de pesos restantes que, producto de una indebida planeación
presupuestal y un derroche financiero, ha dejado al estado colombiano, con un
déficit aproximado de más de 30 billones de pesos, sumándole así la afectación,
a otros sectores del presupuesto general.
Este fatídico, pero esperado
escenario, obligó al gobierno a buscar un financiamiento al presupuesto 2025,
en esta ocasión, con una “oculta” reforma tributaria y, con nombre de ley de
financiamiento radicada el pasado martes 10 de septiembre.
Se conoce que la nueva reforma
tributaria no cuenta con las mayorías en el Congreso y que busca luego de su
anunciado fracaso, expedir una reforma por decreto, vestida de ley de
presupuesto.
Es así que el fantasma del golpe de Estado, es realmente producto del delirio paranoide del gobierno quien, busca culpables más allá de sí mismo.
El país debe conocer la realidad de
la financiación de la campaña y debe permitirse que, la institucionalidad y el
estado de derecho actúen de forma armónica y articulada a afectos de tener en
grado de certeza, la claridad del panorama en estos 22 meses restantes del
fatídico proyecto de cambio.
El orden de las finanzas debe ser
prioridad y el gobierno de Colombia debe orientar sus esfuerzos a solucionar
con criterios de austeridad y eficiencia, la crisis advertida por el
desfinanciamiento de los recursos públicos, al tiempo que se requiere conocer
la verdad acerca de la legitimidad de la campaña y de este gobierno.
Me podría extender en ocho o diez
páginas más, hablando de las atrocidades de nuestro gobernante, pero creo que,
con estas líneas, los colombianos van a darme la razón, cuando afirmo que
tenemos el peor presidente, de la historia democrática de nuestra nación.
Sopetrán, septiembre 12 del 2024.
Darío Sevillano Álvarez.
